Con la finalidad de obtener información oficial respecto del fallido proceso de traslado de los precursores químicos incautados, depositados y abandonados en el Puerto de Arica, el senador, José Pilo Durana, ofició a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez y al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, además de conocer cuál será el desenlace de estos químicos.
Recordó que el 9 de octubre sesionó en Arica la Comisión de Seguridad Pública que preside, instancia en donde el delegado presidencial, Nicolás González informó que, vía trato directo, la empresa Ambipar Response Chile, había iniciado, el lunes 6 de octubre, el operativo del proceso completo de eliminación del acetato de etilo hasta la región de Antofagasta.
“Dijo que se había optado por esa entidad, dada su experiencia, capacidad técnica y solvencia, afirmándonos que todo estaba funcionando. Sin embargo, días después nos enteramos, por la prensa, que la operación estaba paralizada debido a que no habían gestionado los permisos sanitarios en la Seremi de Salud de Antofagasta, para habilitar un sitio extraportuario, lejos de la ciudad, para la acumulación de estas cargas peligrosas para su posterior destrucción. Por lo visto, no haber hecho una licitación pública evaluando otras ofertas fue un profundo error”, precisó Durana.
Acotó que, por redes, se enteró de que la Contraloría General de la República (CGR) activó un operativo de fiscalización sobre este procedimiento en el mismo Puerto de Arica, para para controlar el proceso completo que significó la organización y despliegue constante de fiscalizadores entre diversas contralorías regionales. Por lo mismo, también está solicitando información a dicho organismo respecto de cómo concluirá el proceso.
Finalmente, el legislador dijo que el incendio suscitado la madrugada de este miércoles 5 al interior del mismo terminal, específicamente en el sector de la caleta pesquera, es un llamado de alerta para el gobierno que debe velar por el retiro de esos precursores acopiados, en dicho recinto, porque de explotar, representan un inminente riesgo para la salud y seguridad de la comunidad portuaria, la población de Arica y el ecosistema marino.